La Fiscalía local logró la pena máxima legal contra un sujeto que abusó de víctimas de entre 3 y 7 años, distribuyendo el material en el extranjero. «Es la pena máxima posible legalmente para el caso en particular», destacó la fiscal Ingrid González.
En un fallo que marca un hito en la justicia regional, la Fiscalía de Puerto Montt obtuvo una sentencia de 20 años de presidio mayor en su grado máximo contra el autor de reiterados abusos sexuales infantiles y producción de pornografía infantil. La condena se logró tras acreditar que el sujeto utilizaba la plataforma Telegram para distribuir material explícito de sus víctimas.
La investigación, liderada por la Fiscal Ingrid González, reveló que el agresor vulneró a menores de entre 3, 7 y 13 años. La complejidad del caso requirió un despliegue tecnológico avanzado para recuperar archivos que el imputado había intentado eliminar.
Inteligencia y colaboración internacional
La captura fue posible gracias a una alerta emitida por el FBI de Estados Unidos, que detectó la distribución de este material desde una cuenta en Chile. A partir de ese momento, se activó un operativo coordinado que incluyó a:
- Brigada de Delitos Sexuales (BRISEX) PDI Puerto Montt: Unidad que desarrolló las diligencias principales y fijó los sitios del suceso.
- Apoyo especializado: Colaboración de unidades de la PDI de Temuco y el Cibercrimen de Valparaíso, quienes rastrearon la huella digital del condenado.
La voz de la Fiscalía
Al término de la audiencia, la Fiscal Ingrid González subrayó la contundencia de la sentencia obtenida por el Ministerio Público:
«La pena que se aplicó, y que fue la pedida por la Fiscalía, fue de veinte años. Es la máxima posible legalmente para el caso en particular», señaló la persecutora.
González destacó además que dentro de un notebook de propiedad del sujeto se encontraron más de 2.500 archivos de pornografía infantil, los cuales fueron recuperados por equipos referentes en delitos informáticos de la Policía de Investigaciones.
Investigación en pandemia
Muchos de los hechos ocurrieron durante la época de confinamiento por la pandemia y se mantuvieron en el tiempo. La labor de la CRIM Santiago y Temuco, junto a la Brigada de Delitos Sexuales de Puerto Montt, fue clave para determinar que el material no solo era almacenado, sino distribuido de manera transnacional.
