El parlamentario ingresó un requerimiento contra el Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, acusando que la medida carece de fundamentos básicos y pone en riesgo las garantías AUGE/GES en los hospitales de Puerto Montt, Osorno, Castro y Ancud. No descarta recurrir al Tribunal Constitucional.
«Hemos pasado del pensamiento crítico a la acción». Con esas palabras, el diputado por el Distrito 26, Héctor Ulloa, confirmó el inicio de una ofensiva legal tras ingresar un requerimiento formal ante la Contraloría Regional de Los Lagos. La acción busca frenar la aplicación del polémico Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, disposición del Ejecutivo que ejecuta un millonario recorte presupuestario a nivel nacional en la cartera de Salud y que golpea de forma severa a la red asistencial del sur del país.
En un punto de prensa emplazado a las afueras del órgano contralor, el legislador detalló ante los medios que la medida se traduce en una pérdida de $14.000 millones de pesos para las arcas de salud de la región (de un total de 400 millones de dólares a nivel país), afectando el funcionamiento operativo de los hospitales base de Puerto Montt, Osorno, Ancud y Castro, así como también a los consultorios, postas rurales y programas de pacientes postrados en la salud municipal.
Los tres vicios legales que acusa el requerimiento
El parlamentario, acompañado en el acto por la directiva de la Fenats Unitaria del Hospital Base de Puerto Montt, representantes de la CUT y comités de usuarios, expuso los argumentos jurídicos que sustentan la presentación ante el órgano contralor:
- Falta de fundamentación básica: Ulloa argumentó que la legislación exige que un recorte de fondos ya aprobados por ley de presupuesto (en diciembre pasado) debe ser mediante un «decreto fundado». El diputado califica la rebaja como abrupta, inconsulta e ilegal, al carecer de argumentos técnicos.
- Afectación a garantías legales (AUGE/GES): El recorte financiero impacta directamente al ítem de redes asistenciales. El legislador advierte que un simple decreto del Ejecutivo no posee la facultad jurídica para dejar sin efecto o menoscabar prestaciones y garantías de salud que ya están consagradas y determinadas por la vía legal.
- Toma de razón «con alcance»: El diputado reveló que la Contraloría General de la República ya detectó una primera anomalía al tomar razón del Decreto 333, fijando un «alcance» debido a que la medida podría vulnerar o retener prestaciones de salud que ya se encontraban devengadas desde el año anterior.
