Un complejo conflicto vecinal y sanitario mantiene en alerta a múltiples comunidades rurales y empresas del sector San Alfonso, en la comuna de Puerto Varás. La controversia se originó tras la polémica instalación de una gran estructura destinada al almacenamiento de residuos domiciliarios en medio de una servidumbre de tránsito compartida, lo que ya detonó fiscalizaciones municipales y el temor generalizado a una crisis de salud pública.
El punto de acopio fue impulsado de manera unilateral por la administración de la Parcelación San Alfonso. Sin embargo, los residentes acusan que la obra se emplazó sin consulta previa en un acceso común utilizado diariamente por las comunidades de Westfalia I, Westfalia II, Loteo San Juan y Ganadera Línea Vieja, afectando también a firmas colindantes como Australplastic y Salfa.
El fantasma del Hantavirus en la Región de Los Lagos
La principal preocupación de las familias radica en los episodios de malos olores y acumulación de desperdicios que ya comenzaron a registrarse, lo que convierte al lugar en un foco inminente de atracción para vectores sanitarios, moscas y ratones.
La inquietud cobra una relevancia crítica debido al riesgo epidemiológico de la zona:
- Cifras nacionales: El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSAL) confirma 38 casos de Hantavirus en Chile en lo que va de 2026.
- Impacto regional: La Región de Los Lagos ya registra 5 de estos contagios, posicionándose como una de las zonas con mayor tasa de incidencia a nivel nacional.
- Precedente histórico: Los vecinos recuerdan con preocupación que el primer caso de Hantavirus identificado en la historia de Chile fue detectado precisamente en el sur de esta región, lo que obliga a extremar el control de basurales cerca de sectores habitados.
Fiscalización municipal y ofensiva por Ley de Transparencia
La molestia escaló rápidamente hasta las oficinas de la Municipalidad de Puerto Varas, donde se han ingresado formalmente más de 15 reclamos a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS). Ante la presión vecinal, el municipio inició las siguientes acciones:
- Inspección en terreno: El pasado 25 de junio, inspectores municipales concurrieron al sector San Alfonso para levantar un registro fotográfico y efectuar una fiscalización técnica de la polémica estructura.
- Revisión de legalidad: Los antecedentes fueron derivados a las unidades de obras y medioambiente competentes para evaluar si el acopio cumple con las normativas vigentes.
Paralelamente, los afectados ingresaron una solicitud formal mediante la Ley de Transparencia para exigir al municipio que aclare si la edificación cuenta con permisos de edificación, planos aprobados o recepciones legales. Al mismo tiempo, miembros de la familia Brintrup —propietarios originales del predio donde se sitúa la servidumbre— manifestaron no haber sido informados de la polémica intervención.
Los residentes enfatizaron que el caso dejó de ser un problema interno del loteo para transformarse en un asunto de interés público, por lo que anunciaron que continuarán ejerciendo acciones administrativas hasta lograr el retiro o la relocalización definitiva de los contenedores de basura.
