El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación que buscaba invalidar la calificación favorable del proyecto. El fallo determinó que la falta de información directa de la comunidad no fue responsabilidad de la empresa, sino de la negativa de los mismos habitantes a participar.
El conflicto judicial
El Tercer Tribunal Ambiental puso fin a la incertidumbre jurídica que pesaba sobre el proyecto “Refugio Montaña Antillanca”, ubicado en la comuna de Puyehue. La instancia judicial desestimó la reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Ñelay Mapu en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La comunidad buscaba anular la resolución que calificó favorablemente el proyecto, argumentando que el SEA no había descartado de manera fundada el impacto sobre los grupos humanos indígenas, acusando una «deficiente caracterización» de sus formas de vida y usos del territorio.
El argumento del Tribunal
Uno de los puntos clave de la sentencia aborda la metodología utilizada por el titular del proyecto para levantar información. La comunidad alegaba que no se recolectó información de «fuente primaria» (entrevistas directas), a lo que el Tribunal respondió con claridad:
“La falta de información primaria no responde a un diseño metodológico deficiente, sino a circunstancias ajenas a la voluntad del titular… la «negativa» de la comunidad no puede imputarse a una deficiencia del método”, detalla el fallo.
El Tribunal especificó que, ante la imposibilidad de acceder a los testimonios directos por la propia negativa de la comunidad, el titular cumplió con el estándar exigido al utilizar antecedentes alternativos que permitieron comprender las formas de vida y la interacción de la comunidad con el territorio.
Respaldan decisión del SEA
Con este fallo, se ratifica la decisión de la Dirección Ejecutiva del SEA, que en su momento revirtió la decisión de la comisión regional para calificar favorablemente el refugio. Según el tribunal, los estándares de caracterización del entorno fueron satisfechos de manera adecuada, permitiendo descartar que el proyecto genere impactos significativos según lo establecido en la Ley N° 19.300.
De esta forma, el proyecto de montaña en la zona de Antillanca cuenta con luz verde judicial para seguir adelante, cerrando una de las aristas más complejas de su tramitación ambiental.
