La parlamentaria por el Distrito 26 votó a favor del proyecto aprobado en la Cámara Baja que extiende el plazo por tres años adicionales. Alertó sobre las severas demoras administrativas del Estado y llamó a los pequeños agricultores de la zona a no postergar el trámite ante el Conservador de Bienes Raíces.
Un importante respiro legislativo recibieron miles de familias rurales y pequeños agricultores del sur del país, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara y despachara al Senado el proyecto de ley que busca prorrogar el plazo definitivo para la regularización e inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas.
La iniciativa legal modifica el límite actual —fijado originalmente para el 6 de abril de 2027—, extendiendo la ventana de regularización e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas hasta el 6 de abril de 2030.
Durante el debate en la sala de la corporación, la diputada por el Distrito 26, Claudia Reyes (Partido Republicano), fundamentó su voto a favor de la medida, catalogándola como un acto de estricta justicia para las comunidades agrícolas y rurales de la Región de Los Lagos que dependen críticamente del recurso hídrico.
Dificultades en el campo y barreras estatales
En su intervención, la parlamentaria gremialista detalló la compleja realidad que enfrentan los usuarios de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, quienes se han visto imposibilitados de cumplir con las exigencias de la actual normativa de aguas debido a un entramado de trabas técnicas y económicas.
“Extender el plazo hasta el 6 de abril de 2030 es una medida justa, porque permite dar más tiempo para hacer las cosas bien y evitar que muchas personas pierdan sus derechos por no alcanzar a cumplir con un trámite. Muchos pequeños agricultores, familias rurales, usuarios del campo e incluso familias indígenas han tenido serias dificultades debido a la falta de recursos, de asesoría, de información clara, o simplemente porque los trámites avanzan con extrema lentitud en los organismos del Estado”, expuso Reyes.
La legisladora enfatizó que en las comunas del sur profundo la subsistencia familiar está directamente ligada a la certeza jurídica sobre el agua: “Muchas familias del mundo rural dependen del agua para sus animales, sus huertos, sus predios y su producción local. No podemos permitir que por demoras puramente administrativas terminen perdiendo un derecho que es fundamental para vivir y trabajar”.
⚠️ El Estado al debe: Advertencia por solicitudes pendientes
Pese a respaldar con fuerza la extensión de los plazos, la diputada Reyes fue categórica en advertir que las prórrogas consecutivas no constituyen una solución de fondo si el aparato estatal no moderniza y agiliza sus plataformas de atención. El cuello de botella técnico, según denunció, radica en la propia burocracia pública.
- Colapso institucional: Existen actualmente miles de solicitudes de regularización completamente estancadas en las oficinas de la Dirección General de Aguas (DGA).
- Retrasos secundarios: Se registran severas demoras en las inscripciones procesadas por los diversos Conservadores de Bienes Raíces a nivel nacional.
- Efecto llamada: Correr las fechas límite de forma permanente arriesga generar una «mala señal», incentivando a que algunos usuarios posterguen el trámite a la espera de nuevos perdonazos legislativos.
