Personal de Serviu junto a Carabineros, estuvo en terreno instando a familias a abandonar los terrenos fiscales. Director (s) del organismo enfatizó que son zonas inhabitables por alto riesgo de derrumbes e incendios.

En coordinación con Carabineros y la Delegación Presidencial Regional, funcionarios de Serviu Los Lagos concurrieron a las tomas de terrenos ubicadas en las laderas Lintz y Estero Lobos, en Puerto Montt, donde parte de estos predios es propiedad de la entidad fiscal. La acción se da en el marco de buscar que las familias ocupantes puedan retirarse de estas zonas que presentan alto riesgo de derrumbes y deslizamiento de terreno, especialmente cuando se presentan lluvias, así como de incendios, ya que la presencia de basura y escombros facilita la propagación del fuego a viviendas.

El director regional (s) del Serviu Los Lagos, Alvaro Valenzuela Baeza, junto con destacar y agradecer la disposición de los efectivos policiales en acompañar esta labor, explicó que este procedimiento resulta del todo necesario, ya que además de tratarse de una ilegalidad, la toma de un terreno en estas zonas representa un riesgo que las familias no deberían correr. “Aquí estamos buscando que estas familias salgan voluntariamente de una toma de un terreno fiscal, que no cuenta con ninguna medida de seguridad ni posibilidad de ser habitado. Son zonas de pendientes con harta vegetación, que si se remueve para construir una vivienda, por ejemplo, se expone el suelo a la acción de la lluvia, lo que podría terminar causando un derrumbe. Ya hemos vivido este tipo de situaciones, por ejemplo, este reciente invierno en la ladera Pelluco, y anteriormente en Angelmó y en la ladera MacIver. Además, hay que indicar que el acceso es complejo y en caso de incendios, es muy difícil el accionar de Bomberos”, expresó Valenzuela, recordando algunos trágicos sucesos en que incluso hubo fallecidos, como en 2013, cuando precisamente en la Ladera Lintz dos niños perdieron la vida en un incendio.

El representante del Serviu indicó que las notificaciones señalan un plazo de 30 días para el abandono del terreno, tras la cual deberían iniciarse acciones legales si es que no se obtienen resultados, que podrían llegar incluso al desalojo. “Está dentro de las facultades de la autoridad competente el decretar un desalojo, apelando a la situación de inseguridad en que habitan los ocupantes. No obstante, con varias de las familias hemos tenido acercamientos para apoyarles en el acceso a una solución habitacional definitiva, por tanto, esperamos que puedan abandonar la ladera de manera voluntaria. Nuestro servicio cuenta con el Programa de Asentamientos Precarios, que trabaja directamente con familias de campamentos, orientándoles y acompañándolas en el proceso de acceder a una vivienda. Eso sí, siempre por las vías regulares, sin saltarse la fila ni favoreciendo a quienes deliberadamente buscan un subsidio yéndose a una toma. Tenemos un catastro de campamentos que va guiando el accionar de nuestros equipos, de acuerdo con el cual continuaremos trabajando con las familias organizadas de los distintos asentamientos precarios de nuestra región”, sostuvo Alvaro Valenzuela.

El catastro de campamentos del Minvu, actualizado en 2021, arrojó que en la capital regional existen 15 campamentos en total, de los cuales 9 están ubicados en una ladera con más de 400 habitantes, con todo el riesgo que ello conlleva.

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