La parlamentaria por el Distrito 26 integra la Comisión de Medio Ambiente donde se tramita la iniciativa. Destacó que el proyecto busca agilizar las relocalizaciones acuícolas, motor clave del empleo en la Región de Los Lagos, eliminando trabas burocráticas que hoy paralizan la inversión.
El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico ha entrado en una fase decisiva en el Congreso. Tras su paso por Hacienda, la iniciativa es analizada ahora por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, instancia donde la diputada Claudia Reyes (PRep) ha tomado un rol activo en la defensa de medidas que buscan destrabar la inversión, especialmente en el sector acuícola.
Según explicó la legisladora, el proyecto no solo busca reparar los daños de los incendios en la zona centro-sur, sino que apunta al corazón de la reactivación económica nacional mediante el combate a la denominada “permisología” y el fortalecimiento de instituciones clave.
Impulso a la acuicultura: El fin de la parálisis
Uno de los puntos más relevantes para el sur austral es la modificación de los permisos para la relocalización de concesiones. Reyes expuso cifras críticas sobre la ineficiencia actual: de 1.600 requerimientos presentados ante Sernapesca en los últimos 16 años, solo dos han sido aprobados.
Frente a este escenario, la propuesta establece:
- Eliminación de obligatoriedad SEIA: No toda relocalización deberá someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, agilizando procesos que hoy tardan años.
- Exención para micro-relocalizaciones: Traslados menores destinados a mejorar condiciones sanitarias y de operación quedarán exentos de inspección en terreno obligatoria y del SEIA, siempre que no existan cambios de consideración.
- Sanción por no uso: Se establece la caducidad de concesiones acuícolas que no sean utilizadas, incentivando la actividad real.
“El Estado no puede ser un obstáculo”
Durante la sesión, que contó con la presencia de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo, la diputada Reyes subrayó que estas medidas impactan directamente en más de 86 mil familias que dependen de la salmonicultura.
«Aquí no se trata de elegir entre crecimiento o medioambiente. Lo que se busca es compatibilizar ambos objetivos con reglas claras e instituciones eficientes. El Estado debe acompañar el desarrollo en vez de transformarse en un obstáculo permanente», enfatizó Reyes.
La parlamentaria fue clara en señalar que la flexibilización de trámites no implica un relajo en las exigencias: «No se trata de bajar estándares ambientales, sino de fiscalizar de mejor manera, con datos útiles y mejor coordinación de los servicios involucrados».
