La Agrupación de Usuarios del Transporte Público ingresó presentaciones ante la Seremitt y Contraloría tras un dictamen que obliga a servicios urbanos, rurales e interurbanos a informar cualquier aumento con 30 días de anticipación.
Un complejo escenario normativo y judicial enfrentan los operadores de la locomoción colectiva en nuestra zona. La Agrupación de Usuarios del Transporte Público ingresó denuncias y requerimientos formales ante la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (Seremitt) de Los Lagos y la Contraloría Regional, exigiendo fiscalizar y aplicar sanciones ejemplificadoras contra las empresas que elevaron el valor de sus pasajes de forma inmediata tras las alzas de combustibles de marzo de este año.
La ofensiva jurídica de la organización civil se ampara en un reciente y categórico pronunciamiento de la Subsecretaría de Transportes. Mediante la Circular N°126 de 2026, el organismo central aclaró de forma taxativa que la obligación legal de informar cualquier modificación tarifaria con 30 días de anticipación rige sin distinciones. Esto incluye no solo al transporte urbano, sino también a todos los servicios rurales e intercomunales regulados por el Decreto Supremo N°212.
De acuerdo con la denuncia, tras el fuerte «bencinazo» registrado a fines del primer trimestre, la casi totalidad de las líneas de minibuses rurales e interurbanos de la región aplicaron incrementos automáticos en sus tarifas. La situación golpeó directamente a los usuarios de recorridos críticos como Puerto Montt-Puerto Varas, Calbuco, Fresia, Osorno, Purranque, Ancud y Quellón, entre otros trazados interprovinciales.
Un golpe irreversible al bolsillo familiar
El presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público, Jordi Valenzuela Muñoz, explicó que este dictamen derriba un mito administrativo que las empresas de transporte utilizaron durante décadas en el territorio para modificar los precios de forma unilateral.
“Durante años se instaló la idea de que la obligación de los 30 días solo aplicaba al transporte urbano, pero hoy la propia Subsecretaría emitió un oficio aclarando que también corresponde para servicios rurales e intercomunales, lo que agrava la situación local pues prácticamente todas las empresas de la región subieron tarifas el 26 de marzo sin respetar ese plazo y así lo han hecho por años”, fustigó el dirigente.
Valenzuela enfatizó el severo impacto socioeconómico de estas medidas: «Esto no es un detalle administrativo pequeño, estamos hablando de miles de familias que amanecieron pagando $200, $300, $500 hasta $1.000 más en sus pasajes prácticamente de un día para otro, sin aviso previo y en medio de una crisis económica súper compleja. Esperamos que la Seremi ejecute sanciones ejemplificadoras a todas las empresas de la región si es necesario, porque el daño es irreversible, sin contar que va acompañado de un pésimo servicio que no ha mejorado por años».
Petición de informes y rol de Contraloría
Las presentaciones ingresadas buscan transparentar el comportamiento del gremio del transporte y evaluar si la autoridad sectorial cumplió con su rol de resguardo a los pasajeros:
- A la Seremitt Los Lagos: Se le solicitó un informe detallado que individualice qué empresas de minibuses cumplieron efectivamente con el aviso escrito de 30 días previos al 26 de marzo. En caso de constatarse omisiones, se exige iniciar los respectivos procesos sancionatorios, sin importar el volumen de operadores involucrados.
- A la Contraloría General de la República: Se ingresó una solicitud de auditoría para determinar si la Seremitt local ejerció de manera correcta y oportuna sus facultades de fiscalización frente a las denuncias ciudadanas por las alzas de tarifas o si existió omisión de funciones.
Desde la agrupación gremial aseguraron que este pronunciamiento del Ministerio de Transportes marcará un «antes y un después» en la fiscalización del transporte público mayor en las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena, abriendo la puerta a un congelamiento definitivo de las alzas sorpresivas.
