Yohana Coñuecar, dirigenta territorial de Palena, y la diputada Emilia Nuyado denunciaron «mala fe» y una «narrativa preconcebida» por parte del Gobierno para acelerar modificaciones al borde costero bajo la presión de la industria salmonera. Aseguran que defenderán la normativa vigente.
Una tensa jornada de debate se vivió en la capital regional tras el desarrollo del taller “Diálogo para el futuro del borde costero”, instancia impulsada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para sociabilizar las reformas a la Ley Lafkenche (Nº 20.249). Pese a que las autoridades de Gobierno y del Gore valoraron la transversalidad de la cita, representantes clave de los pueblos originarios de la Región de Los Lagos alzaron la voz para deslegitimar por completo el encuentro, acusando una exclusión sistemática y un «rayado de cancha» diseñado a favor del sector industrial.
En conversación exclusiva con Diario Los Lagos, Yohana Coñuecar Llancapani, dirigenta de comunidades indígenas en la provincia de Palena, miembro de la identidad territorial Lafkenche y de la Red de Mujeres Originarias de la región, fue categórica en cuestionar la validez metodológica del taller.
“Este espacio carece de legitimidad y de una participación efectiva y proporcional de los pueblos originarios. Hay una oleada, desde el año pasado y este en particular, de no considerar la voz indígena en el Parlamento. Se instala una narrativa preconcebida para ‘hablar de lo que el otro quiere escuchar’, validando el discurso de lo supuestamente ‘malos’ que somos los mapuche para el desarrollo y la economía regional”, denunció Coñuecar, enfatizando que las comunidades están firmes en contra de cualquier modificación a la ley.
Críticas al rol del Estado y el Convenio 169
La dirigenta territorial criticó la justificación del subsecretario Osvaldo Urrutia, quien defendió la apertura del proceso mediante inscripciones digitales abiertas. «Decir que se invita a todo el mundo por internet, sin una especial atención a los incumbentes, es una forma del Estado para lavarse las manos y decir ‘yo cumplí con convocar’. La consulta indígena posterior será una mera responsabilidad administrativa sobre un proyecto donde ya estuvimos excluidos en las comisiones legislativas», fustigó Coñuecar.
Asimismo, apuntó a que la excesiva demora del Estado en tramitar los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) no es culpa de la legislación, sino de una negligencia institucional:
- Burocracia administrativa: «El hecho de que las solicitudes tengan tramitaciones de largos años habla de un Estado que no cumple con los plazos, poniéndonos a nosotros ante la opinión pública como los enemigos del desarrollo».
- Falta de voluntad política: «Si el Estado quisiera un diálogo real basado en la buena fe, no pondría el acelerador presionado por las industrias. Se sentaría directamente con los pueblos a decirnos ‘tenemos un problema y necesitamos hablarlo'».
Diputada Nuyado acusa vulneración de derechos adquiridos
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado Ancapichún, quien ha seguido de cerca la aplicación de la normativa, respaldó los cuestionamientos de las bases y apuntó al corazón técnico del debate reglamentario, rechazando los intentos de acotar los derechos consuetudinarios a superficies mínimas.
«Están responsabilizando a la ley que reconoce el derecho consuetudinario y la quieren traducir prácticamente a una hectárea determinada. Eso es desconocer absolutamente el derecho internacional y la lucha de las comunidades. Los derechos adquiridos no pueden retroceder», sentenció la parlamentaria.
Nuyado barrió además con los argumentos de los expositores que proponen flexibilizar la ley para resguardar las inversiones privadas en el borde costero y desestimó las promesas de la Subsecretaría respecto a inyectar más recursos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para agilizar los informes de uso en un plazo de seis meses.
“Es algo muy iluso pensar que le van a aumentar el presupuesto a la CONADI para sacar los informes rápido, cuando en la práctica, bajo el actual ajuste fiscal, se le terminaron quitando recursos en materia de tierras. Han sido los sucesivos ministros de Desarrollo Social los que no han defendido el presupuesto para una institucionalidad que tiene miles de carencias frente a los pueblos originarios”, fustigó la diputada.
Finalmente, ambas líderes recalcaron que la Ley Lafkenche fue concebida bajo un espíritu de cohabitación armónica que no excluye a la pesca artesanal ni a las recolectoras de orilla en los planes de manejo, por lo que llamaron a las comunidades de las cuatro provincias a mantenerse en estado de alerta ante lo que califican como una amenaza directa a su presencia ancestral en el mar interior de la región.
