La Directora Nacional de la institución, Soledad Tapia, confirmó que el megaoperativo de la PDI incautó 12 toneladas de salmón de contrabando y que la banda criminal movilizó cerca de $9.000 millones. Entre los 54 detenidos figura un exfuncionario del propio servicio de fiscalización, acusación que encendió las alertas por corrupción.
Nuevas y reveladoras aristas de carácter logístico e institucional salieron a la luz tras el histórico golpe propinado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público contra el crimen organizado en el sur de Chile. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) rompió el silencio y confirmó que la macroinvestigación criminal —iniciada en abril de 2024 tras cruzar patrones de transporte en la Ruta 5 Sur— logró desmantelar una gigantesca red que extraía ilegalmente valiosos recursos marinos en la Región de Los Lagos para blanquearlos y distribuirlos en gran parte del país.
El balance de los masivos allanamientos nocturnos ejecutados en 58 inmuebles arrojó la incautación flagrante de 12 toneladas de salmón, además de la recuperación de más de $100 millones de pesos en efectivo, dinero derivado de una maquinaria clandestina que generó movimientos financieros ilícitos estimados en casi $9.000 millones de pesos.
La ruta del blanqueo de recursos y la alerta sanitaria
De acuerdo con los antecedentes técnicos levantados por Sernapesca en conjunto con la Armada de Chile y Carabineros, la organización delictual operaba con zonas de extracción furtiva en el litoral de la Provincia de Llanquihue (con foco en Calbuco y Puerto Montt). Desde estos puntos, las cargas eran trasladadas a centros de acopio en la Región de Los Ríos, donde se falsificaba la Acreditación de Origen Legal (AOL) para luego abastecer mercados de alta demanda en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble y la Región Metropolitana.
La Directora Nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, enfatizó el grave impacto económico, ambiental y sanitario que provocaba el actuar de este cartel pesquero.
»La pesca ilegal perjudica a los pescadores autorizados y genera una competencia desleal frente a quienes operan conforme a la normativa. Existe un menoscabo en la sustentabilidad de los recursos y conlleva también un riesgo directo a la salud de las personas, al no poder verificarse las condiciones higiénicas en que son manipulados y transportados estos productos de origen ilegal», advirtió la autoridad nacional.
En paralelo al brazo judicial de la PDI, las fiscalizaciones de Sernapesca ejecutadas con fuerza entre 2025 y mayo de este 2026 ya venían asfixiando la logística de la banda. En ese periodo previo, los inspectores lograron incautar 28,58 toneladas de merluza austral y 8,72 toneladas de congrio dorado. Asimismo, se les requisó una flota de 20 camiones y vehículos comerciales que sumaban una capacidad de carga de 62 toneladas por viaje, quedando 17 de estas máquinas fuera de circulación definitiva por orden de los tribunales.
Un exfuncionario de Sernapesca entre los detenidos
Uno de los puntos más complejos de la jornada y que causó profunda conmoción pública fue la confirmación de que un exfuncionario de Sernapesca figura dentro de los 54 detenidos que serán formalizados por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público e infracciones a la Ley General de Pesca. El ex empleado estatal habría facilitado sus conocimientos técnicos y acceso a sistemas para burlar los controles viales.
Frente a este grave flanco de corrupción interna, Soledad Tapia fue categórica en señalar los riesgos que representa el crimen organizado cuando intenta permear los estamentos públicos.
»La detención de un exfuncionario expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita, cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control. Por ello, Sernapesca ha fortalecido de forma prioritaria su sistema de integridad con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar a tiempo los delitos funcionarios. Avanzamos en el manejo sustentable con el trabajo de 1.200 funcionarios comprometidos con la probidad y la excelencia», concluyó la Directora Nacional.
Los imputados enfrentarán durante las próximas horas sus respectivas audiencias de control de detención ante los tribunales de garantía de la jurisdicción, instancias donde el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares más gravosas del ordenamiento jurídico chileno debido a la alta peligrosidad de la red desmantelada.
