En el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt se dio inicio a la primera jornada del juicio oral por la arista Kimún, enmarcada en las investigaciones del denominado Caso Convenios. El proceso indaga el traspaso y presunta desviación de 1.200 millones de pesos por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, recursos que originalmente estaban destinados al saneamiento de títulos de dominio para familias vulnerables de sectores rurales de la zona.
Según la acusación formulada por el Ministerio Público, los dineros habrían sido desviados para otros fines, principalmente para el pago de deudas y obligaciones financieras que mantenía la Corporación Kimún a través de la administración del IP y CFT Los Lagos. Estas instituciones de educación superior, que en su momento sirvieron como garantía para el convenio, posteriormente fueron traspasadas a Fundelín, entidad presidida por Diego Ancalao, uno de los principales imputados en la causa.
Seis imputados y un extenso despliegue probatorio
En el banquillo de los acusados se encuentran los seis imputados en este caso:
- Jaime Huincahue: Presidente de la Corporación Kimún.
- Diego Ancalao: Presidente de la institución Fundelín.
- Viviana Godoy: Exadministradora regional del GORE Los Lagos, acusada de promover el convenio sin verificar los requisitos de confiabilidad de la institución, además de cargos por estafa y colaboración en soborno.
- Gloria González: Exjefa de la División de Fomento del GORE Los Lagos, imputada por autorizar el traspaso sin los controles previos correspondientes.
- Rodrigo Fuentes: Exfuncionario público, acusado de haber recibido sobornos para la concreción del convenio.
- Un sexto imputado vinculado a las maniobras financieras de la corporación.
El juicio oral se extenderá por aproximadamente un mes y medio, período en el cual la Fiscalía presentará más de 1.000 pruebas documentales, el testimonio de más de 150 testigos y las pericias de ocho expertos en la materia.
A la fecha, el Gobierno Regional de Los Lagos no ha logrado recuperar los $1.200 millones involucrados en este convenio defraudado, por lo que el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de dirigentes y exfucionarios públicos en este bullado caso de corrupción regional.
