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Crisis financiera en el GORE: Los Lagos cerrará el 2025 con una deuda flotante de $16 mil millones

A pesar de las transferencias de última hora realizadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Gobierno Regional de Los Lagos culminará el año con un déficit millonario. El gobernador Alejandro Santana confirmó que la deuda pendiente supera los 16.000 millones de pesos, calificando la situación como un precedente negativo para la institucionalidad regional.

Las transferencias de «emergencia»

​Durante la última semana de diciembre, la Dipres concretó dos traspasos de recursos para intentar paliar el déficit:

  • 24 de diciembre: Inyección de $6.000 millones.
  • 26 de diciembre: Segundo traspaso por $4.483 millones.

​Si bien estos $10.483 millones permitieron reducir la «deuda potencial» (que inicialmente se proyectaba en $26.400 millones), no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos adquiridos por el GORE durante el ejercicio 2025.

Dura crítica a la gestión central

​El gobernador Santana lamentó que, pese a las alertas emitidas desde hace cinco meses, el nivel central no entregara los recursos de manera oportuna.

«Ya es definitivo: el gobierno nos dejará una deuda flotante de un poco más de 16.000 millones de pesos. Nunca un gobierno había dejado de transferir los recursos comprometidos, traspasando a las regiones la responsabilidad de obligaciones que se contraen por ley», afirmó la autoridad regional.

Acciones ante la Contraloría

​Ante lo que consideran un incumplimiento de la Ley de Presupuestos, el Gobierno Regional de Los Lagos acudió a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento jurídico. El objetivo es determinar si existe una falta de legalidad por parte del Gobierno Central al no respaldar financieramente los compromisos establecidos en el presupuesto nacional.

Impacto en obras y programas sociales

​La principal preocupación radica en la falta de certeza para proveedores y ejecutores de proyectos. Esta deuda flotante afecta directamente a:

  • ​Empresas a cargo de obras públicas (pavimentación, infraestructura, etc.).
  • ​Organizaciones sociales que ejecutan programas financiados por el GORE.
  • ​La confianza de los actores privados que colaboran con la inversión pública regional.
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