La complejidad de la causa, que incluye más de 1.000 documentos probatorios y 150 testigos, obligó a reprogramar la audiencia para el próximo lunes. Un magistrado del Juzgado de Garantía de Puerto Montt se dedicará íntegramente a revisar las pruebas de la fallida ejecución de $1.200 millones.
Por razones logísticas y debido a la alta complejidad técnica de los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt determinó postergar para el próximo lunes el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral por la arista «Corporación Kimün», en el marco del denominado Caso Convenios.
La decisión busca garantizar que un juez cuente con dedicación exclusiva para resolver la admisibilidad de la vasta cantidad de evidencia presentada. Según se informó, la disponibilidad de magistrados durante la presente semana no permitía asegurar una sala con exclusividad, requisito considerado clave para resolver el proceso en un plazo estimado de siete días.
Una causa de alta complejidad
La arista Kimün investiga el traspaso de $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la mencionada corporación para un programa de saneamiento de títulos de dominio en sectores rurales, el cual finalmente no se ejecutó.
Para dimensionar la magnitud del juicio que se avecina, la preparación deberá filtrar un volumen masivo de pruebas:
- Testigos: Más de 150 personas citadas a declarar.
- Documentación: Sobre 1.000 documentos, incluyendo estados bancarios y registros de traspasos de fondos.
- Evidencia Digital: Conversaciones de WhatsApp y datos extraídos de teléfonos celulares incautados.
- Peritos: 8 especialistas dedicados íntegramente al análisis del caso.
Sin presencia de imputados
La audiencia, que comenzará este próximo lunes, contará con la participación del Ministerio Público, los querellantes y los abogados defensores. Sin embargo, se determinó que no será necesaria la comparecencia de cada uno de los imputados, agilizando así la revisión técnica de las pruebas que serán llevadas ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
Este paso es fundamental para el avance de la causa, ya que en esta instancia se definirá qué elementos probatorios son válidos para sustentar las acusaciones por malversación de caudales públicos y otros delitos asociados que han impactado la fe pública en la Región de Los Lagos.
