Un intenso debate jurídico y político marcó las jornadas de apertura del juicio oral por la arista Kimún del Caso Convenios en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. El proceso, catalogado por el Ministerio Público como el escándalo de corrupción más grande de la última década en la zona, busca determinar las responsabilidades penales en la defraudación de $1.200 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos, los cuales estaban destinados al saneamiento de títulos de dominio para 800 familias vulnerables de sectores rurales.
Durante las exposiciones iniciales, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) criticó duramente la falta de resguardo de los fondos públicos en un convenio que se suscribió sin toma de razón y con la entrega de recursos en una sola cuota irregular. Por su parte, la Fiscalía exige la devolución del 100% de los fondos al erario fiscal.
Tácticas de defensa: Giros en declaraciones y responsabilidades directas
La audiencia sirvió para que los abogados defensores presentaran sus líneas argumentales:
- Jaime Huincahue (Presidente de Kimún): Su defensa negó un ánimo defraudatorio, calificándolo como una persona «ingenua y soñadora» cuyo fin era crear la primera universidad indígena. Asimismo, el abogado esbozó un eventual cambio de versión en el juicio, señalando que en sus declaraciones previas el imputado «no logró entender todo». Ante esto, el fiscal Marco Muñoz precisó que de existir contradicciones, la Fiscalía aplicará los ejercicios normativos para contrastar y superar dichas versiones.
- Diego Ancalao: Su representación defendió su experiencia en regularización de tierras y argumentó que la adquisición de las instituciones IP y CFT Los Lagos buscaba financiar el proyecto académico indígena.
- Viviana Godoy (Exadministradora Regional): Su abogado, Andrés Firmani, desestimó responsabilidad administrativa de la exfuncionaria y apuntó directamente a la máxima autoridad regional de la época. «Tres días antes, el gobernador regional, señor Vallespín, había firmado y aprobado el convenio con Kimún. Fue el gobernador, no fue ella», sostuvo el jurista, agregando que existió una «legítima confianza» generada por conversaciones con la Contraloría Regional. Ante esto, el fiscal Muñoz aclaró que tanto Godoy como la exjefa de Fomento, Gloria González, declararon previamente que el exgobernador no tenía conocimiento de los pagos ejecutados por la DIPIR.
Advertencias previas y testimonio desde el extranjero
En la misma línea, el senador Fidel Espinoza —quien actuó como exquerellante en la causa— recordó las advertencias que realizó antes de que se concretara el traspaso millonario. «Yo le advertí al gobernador regional, a través de su administradora, la señora Viviana, que andaba el señor Ancalao visitando municipios porque se iban a hacer adjudicatarios de proyectos a través de fundaciones (…). Le dije: ‘Ancalao es una persona que viene precedida por una mala fama'», aseveró el parlamentario.
Dentro de las diligencias confirmadas para el transcurso del juicio, se dio a conocer que el exgobernador Patricio Vallespín prestará su declaración en calidad de testigo desde la Embajada de Chile en México.
En las próximas audiencias expondrán los alegatos de apertura las defensas de la exfuncionaria Gloria González y del imputado Rodrigo Fuentes, para dar paso posteriormente al testimonio de los seis procesados en la causa.
