El magistrado Rolando Díaz rechazó los argumentos de la defensa y dio paso a la formalización. La fiscalía detalló que los funcionarios permitían el ingreso de drogas, alcohol, celulares y «especies de lujo» en los módulos 41, 42 y 43 de Alto Bonito.
Un paso decisivo se vivió hace instantes en el Juzgado de Garantía de la capital regional. El juez Rolando Díaz, de la segunda sala, ratificó que la detención de los siete funcionarios de Gendarmería y la civil involucrada se ajustó a derecho, rechazando los incidentes de ilegalidad planteados por la defensa pública.
Tras esta resolución, la fiscal Nataly Johnson, de la Unidad de Focos del Ministerio Público, inició la lectura de los cargos, revelando una estructura criminal profundamente enraizada en el complejo penitenciario.
Módulos de alta peligrosidad bajo control criminal
La fiscalía fue enfática en señalar que se han constatado dos organizaciones dedicadas al delito dentro del penal, específicamente en los módulos 41, 42 y 43, sectores que albergan a internos condenados de alta peligrosidad.
Según el relato del Ministerio Público, los funcionarios públicos implicados habrían operado bajo las siguientes dinámicas:
- Ingreso de especies prohibidas: Facilitaban la entrada de comida no permitida, alcohol, fármacos y «especies de lujo».
- Tráfico de ilícitos: Ingreso directo de drogas, teléfonos celulares y aparatos electrónicos.
- Circulación de efectivo: Permitían el manejo de dinero en efectivo por parte de los internos, elemento estrictamente limitado dentro del régimen penitenciario.
Omisión de deberes y allanamientos simulados
Uno de los puntos más graves expuestos por la fiscal Johnson es que los uniformados habrían dejado de controlar y denunciar estos ingresos, actuando en complicidad con las visitas y familiares de los reos. Incluso, se investiga su rol en los procedimientos de registro y allanamiento, los cuales habrían sido manipulados para proteger la red de comercialización interna.
A esta hora, la fiscalía continúa con la exposición de las evidencias, que incluyen el monitoreo de los beneficios económicos que los gendarmes recibían a cambio de su colaboración.
NOTICIA EN DESARROLLO: Tras el término de esta exposición, se espera que el tribunal entre de lleno en la discusión de las medidas cautelares, donde el Ministerio Público insistirá en la prisión preventiva para todos los involucrados.
