En una resolución que marca un hito en la lucha contra la corrupción penitenciaria en la zona, la Fiscalía Regional de Los Lagos logró la medida cautelar de prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería. Los imputados son acusados de integrar una red delictiva que operaba al interior del Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.
Operación y Delitos Imputados
Tras dos intensas jornadas de audiencia, la fiscal Nataly Johnson expuso detalladamente el modus operandi de la organización. Según la investigación, los funcionarios se aprovechaban de sus labores de custodia en distintos módulos para permitir la entrada, circulación y venta de elementos prohibidos.
Los delitos formalizados por el Ministerio Público incluyen:
- Asociación criminal.
- Cohecho y sobornos reiterados.
- Lavado de activos.
- Tráfico de especies ilícitas (drogas y celulares).
Nexos con Estafas y «Lanzamientos»
La indagatoria reveló que los gendarmes no solo ingresaban dispositivos móviles, sino que facilitaban su uso para que reos condenados coordinaran estafas telefónicas desde el penal. Asimismo, brindaban cobertura para los denominados «lanzamientos» (ingreso de objetos desde el exterior hacia el interior del recinto mediante paquetes arrojados por sobre los muros).
»Se aprovechaban de sus labores de custodia para permitir la comercialización de especies ilícitas y coordinar delitos con el exterior», señaló la fiscal Johnson.
Una Investigación de Largo Aliento
Este resultado es fruto de una compleja investigación de dos años (2023-2025), liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI). El trabajo contó con la colaboración de las unidades de inteligencia de la propia institución de Gendarmería (ORICRIM y DICRIM) y la Policía de Investigaciones (PDI).
Situación de los Imputados:
- 7 Funcionarios de Gendarmería: Prisión preventiva inmediata.
- 1 Imputada Civil: Bajo arresto domiciliario total, medida que será revisada por la Corte de Apelaciones este viernes tras la apelación del ente persecutor.
El tribunal decretó un plazo de 200 días para el cierre de la investigación, tiempo en el que se espera profundizar en la ruta del dinero y posibles nuevos nexos de esta red criminal.
