El tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad presentado por la Unidad Penal Municipal (UPM), luego de que el Juzgado de Garantía absolviera a un sujeto que amenazó de muerte a un fiscalizador en calle Antonio Varas.
Un importante vuelco judicial se produjo en las últimas horas en la capital regional. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió el recurso de nulidad interpuesto por la Unidad Penal Municipal (UPM), invalidando la sentencia que había absuelto a un hombre acusado de amenazar de muerte a un funcionario de Seguridad Pública.
Los hechos se remontan al pasado 4 de diciembre de 2025, cuando un fiscalizador municipal, en pleno ejercicio de sus funciones en la transitada calle Antonio Varas, fue víctima de graves insultos y amenazas de muerte por parte del imputado durante un operativo de control.
El revés en primera instancia
Pese a que el imputado admitió su responsabilidad en los hechos durante la audiencia de procedimiento simplificado, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó una sentencia absolutoria. Esto ocurrió aun cuando la Fiscalía había propuesto una salida alternativa consistente en una multa de 1 UTM, tras recalificar los hechos como amenazas constitutivas de falta.
Ante lo que consideraron una resolución errónea, la UPM —en representación del trabajador afectado— acudió al Tribunal de Alzada para solicitar la nulidad del proceso.
»No aceptaremos agresiones»
Tras el fallo de la Corte, que ordena realizar una nueva audiencia de procedimiento simplificado con un juez no inhabilitado, el abogado de la UPM, Sebastián Lizama, valoró la resolución.
“El Tribunal de Alzada acogió nuestro recurso de nulidad y ahora tendrá que hacerse una nueva audiencia. Seguiremos haciéndonos parte con el objetivo de proteger a nuestros funcionarios, porque no aceptaremos que quienes están para apoyar las labores de prevención sean amenazados o agredidos”, enfatizó el jurista.
Con esta decisión, el municipio busca sentar un precedente respecto a la protección jurídica de los inspectores y guardias municipales, quienes enfrentan constantes situaciones de riesgo durante las fiscalizaciones en el centro de la ciudad.
