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Gobierno Regional de Los Lagos presentará nueva demanda en Puerto Montt para recuperar $1.200 millones de Corporación Kimún

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El Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos anunció una contraofensiva legal para restituir los $1.200 millones transferidos a la Corporación Kimún, luego de que la justicia civil de Temuco declarara el abandono del procedimiento iniciado por la administración anterior.

​La decisión del Primer Juzgado Civil de la Araucanía se dio tras constatar que la causa no registró movimientos desde enero de 2025. Ante este escenario, el equipo jurídico del gobernador Alejandro Santana confirmó que la estrategia cambiará de sede para garantizar un control más estricto del proceso.

​Nueva ofensiva desde Puerto Montt

​El jefe del Departamento Jurídico del GORE, Mauricio Rojas, detalló que la nueva demanda civil no se interpondrá en Temuco, sino que se radicará en los tribunales de la capital de la Región de Los Lagos.

​“El GORE va a interponer una nueva demanda civil en contra de la Corporación Kimún y su representante legal para tratar de recuperar los fondos defraudados; pero esta vez en el Juzgado de Puerto Montt. Esto nos permitirá tener un seguimiento más inmediato del procedimiento”, explicó Rojas.

​Vías paralelas: Acción penal y Juicio de Cuentas

​Además de la nueva demanda civil, las autoridades regionales evalúan sumarse a las acciones dentro del proceso penal que lidera el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

​En paralelo, se mantiene vigente el juicio de cuentas de la Contraloría General de la República, el cual busca determinar las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios públicos que participaron en la cuestionada transferencia de recursos.

​Contexto del «Caso Convenios»

​Esta arista es una de las piezas centrales de las investigaciones por el denominado “Caso Convenios” en la zona, donde también se indagan las transferencias a la Fundación Participa. Con este movimiento judicial, el Gobierno Regional busca dar una señal de transparencia y firmeza en la protección del patrimonio público regional.

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