La iniciativa presentada por el Ejecutivo busca frenar un incremento tarifario proyectado del 19% para el segundo semestre de 2026 en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. El plan contempla el pago gradual de deudas acumuladas con las empresas distribuidoras y la extensión del subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Con el objetivo de estabilizar el presupuesto mensual de las familias y regularizar los arrastres tarifarios pendientes en el sector eléctrico, el Ministerio de Energía ingresó al Congreso el proyecto de ley denominado “Ordenemos las cuentas”. La iniciativa busca normalizar el esquema de cobros tras los congelamientos aplicados en años anteriores y las posteriores reliquidaciones que impactaron al país.
A nivel local, el seremi de Energía de Los Lagos detalló los alcances de esta propuesta legislativa, destacando que contiene un componente de protección de carácter urgente y focalizado para la zona sur, donde las proyecciones técnicas anticipaban fuertes alzas en el suministro para la segunda mitad del presente año.
Mitigación regional y ampliación del subsidio
El seremi de la cartera en la zona explicó que el proyecto se compone de tres ejes estratégicos orientados a rebajar las tarifas, saldar los compromisos financieros con las empresas del rubro sin traspasar el costo inmediato a los usuarios y robustecer las redes de distribución.
“Este proyecto ‘Ordenemos las cuentas’ es una iniciativa legislativa presentada por el Gobierno con el objetivo de extender el subsidio eléctrico, rebajar las tarifas, pagar deudas con empresas del rubro y mejorar el servicio. Es importante resaltar que esta iniciativa incorpora un mecanismo específico para mitigar el impacto tarifario en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectaban alzas promedio cercanas al 19% en el segundo semestre de 2026”, recalcó la autoridad regional.
En materia de cobertura social, el cuerpo legal estipula la extensión formal del subsidio eléctrico para todas aquellas familias que se encuentren dentro del tramo del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), garantizando un alivio directo a los hogares con menores ingresos de la provincia.
El plan financiero: Pago gradual a distribuidoras y congelamiento en transmisión
El segundo eje de la ley se hace cargo de regularizar las deudas acumuladas con el sector de la distribución (Valor Agregado de Distribución – VAD) correspondientes al periodo 2020-2024, un ítem que arrastra 43 meses de atraso.
Para saldar este compromiso sin golpear la economía doméstica, el Ejecutivo diseñó una fórmula matemática y financiera de amortiguación:
- Mecanismo de pago gradual (2028-2035): Aprovechando que en el año 2028 el cargo por la deuda general con las empresas generadoras descenderá desde $22 a $9 por kilowatt-hora ($/kWh), la ley propone introducir un cargo acotado de $5/kWh.
- Efecto en la boleta: Con esta ingeniería financiera se evitan nuevas alzas para los clientes y se proyecta, al contrario, una disminución neta total de $8/kWh que se traducirá en una rebaja real en las boletas de consumo a contar de dicho año.
Freno a la deuda de transmisión
Respecto al valor de la transmisión de energía —cuyo recálculo tarifario arrastra 28 meses de retraso desde enero de 2024— el proyecto propone una medida de congelamiento administrativo. Se extenderá la vigencia del decreto actual (período 2020-2023) hasta el 31 de diciembre de 2028. Con esto se busca frenar la generación de nuevas deudas flotantes y garantizar que, a partir de 2029, el sistema opere con plazos indexados claros, sin retrasos que afecten el presupuesto familiar.
Inversión en zonas críticas y resguardo ante cortes de suministro
Finalmente, el tercer eje de “Ordenemos las cuentas” apunta a mejorar la calidad y la continuidad del suministro en el país, un ítem crítico para las zonas rurales y aisladas de la Región de Los Lagos que sufren constantes interrupciones por factores climáticos.
La ley impulsará la ejecución obligatoria de planes de inversión en zonas críticas de la red de distribución. Asimismo, el texto legal amplía significativamente las facultades fiscalizadoras y operativas de las autoridades de energía para intervenir de forma oportuna ante fallas de las empresas, previniendo situaciones de déficit y asegurando un servicio eléctrico seguro, continuo y acorde a los requerimientos habitacionales e industriales de la región.
