La jornada, que reunió a más de 170 integrantes del Poder Judicial y servicios relacionados, buscó destrabar «nudos críticos» en la regularización de menores y sus cuidadores bajo el marco de las nuevas leyes de migración y protección integral.
Con el objetivo de unificar criterios y optimizar la respuesta judicial ante la creciente realidad migratoria en la zona, la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt realizó una masiva charla de capacitación denominada “Niñez migrante en la Región de Los Lagos”.
La actividad, desarrollada en modalidad virtual, conectó a 175 profesionales, incluyendo jueces, consejeros técnicos y funcionarios de los 11 tribunales con competencia en Familia de la jurisdicción, además de representantes de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) y el Servicio de Protección Especializada.
Coordinación interinstitucional
La instancia contó con la colaboración técnica de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones. Su directora, Macarena Gallardo, junto a la encargada jurídica Lony de la Guarda, expusieron sobre el contexto estadístico actual, las diversas categorías migratorias y, fundamentalmente, los procedimientos para solicitar permisos de residencia humanitaria.
Esta coordinación es clave para los tribunales, ya que permite agilizar los procesos de niños y adolescentes que requieren protección del Estado, independientemente de su situación migratoria.
Desafíos y «Nudos Críticos»
La magistrada Paula Caico, encargada de la comisión y jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt, relevó la importancia de analizar los obstáculos prácticos que enfrentan los procesos judiciales hoy en día.
Entre los puntos más complejos discutidos en la jornada destacaron:
- Ingresos por pasos no habilitados: La regularización de NNA que entraron al país de forma irregular.
- Situación de cuidadores: El impacto en los menores cuando sus padres o tutores se encuentran en situación irregular.
- Marco Legal: La aplicación de la Ley 21.430 (Garantías y Protección Integral) y la Ley 21.325 (Migración y Extranjería).
