Con el objetivo de frenar el tráfico y la ocupación ilegal de terrenos, la Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Unidad Penal Municipal (UPM), interpuso la primera querella criminal formal por el delito de loteo irregular en un predio fiscal ubicado en el sector de Alerce Norte.
La acción legal, que ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de la comuna, apunta a un individuo sindicado como el responsable de lucrar con la necesidad habitacional de familias vulnerables.
Oferta fraudulenta sobre terrenos fiscales
De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación y la denuncia presentada por una vecina afectada, los hechos ocurrieron tras un desalojo registrado en la intersección de Avenida Salvador Zurita con Avenida Violeta Parra.
Aprovechando dicha contingencia, el imputado ofreció a un grupo de personas la venta de parcelas y sitios colindantes que también pertenecen al Estado. Por un monto de $425.000, el sujeto prometía la entrega material del terreno, incluyendo supuestas labores de limpieza con maquinaria pesada y la conexión clandestina a servicios básicos de agua y electricidad, al margen de toda normativa urbanística y administrativa.
Estrategia contra el delito y persecución penal
Al respecto, Marcos Emilfork, abogado que encabeza la Unidad Penal Municipal, enfatizó que esta acción marca un precedente en la gestión comunal para proteger los espacios públicos y la seguridad de los vecinos.
«Como municipio, a través de la Unidad Penal presentamos la primera acción judicial por venta de loteos irregulares, en un sector de Alerce Norte. Esto se suma a la persecución criminal que hemos hecho en otras aristas como los rayados y grafitis, con la política El que raya paga; el robo de cables de alumbrado público o delitos medioambientales», señaló Emilfork.
La querella se dirige contra el sujeto ya individualizado y contra todos quienes resulten responsables —en calidad de autores, cómplices o encubridores— por el delito de loteo irregular. El escrito solicita además la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público para que este impulse la acción penal pública, formule acusación y se apliquen las máximas sanciones que contempla la ley para este tipo de ilícitos.
