Una grave denuncia por presuntas faltas a la probidad, ocultamiento de información al Concejo Municipal e infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) formuló el concejal de Puerto Montt, Sebastián Almonacid Fuica, en torno al millonario contrato de arriendo por trato directo de la propiedad ubicada en Calle Génesis N° 21, destinada a albergar bodegas y oficinas de la Dirección de Operaciones.
De acuerdo con los antecedentes fiscalizados por el edil, el municipio comprometió el pago de más de 3 millones de pesos mensuales —equivalentes a más de 44 millones de pesos anuales— de fondos públicos. Sin embargo, un informe técnico de la propia Dirección de Obras Municipales (DOM) corroboró que el inmueble solo cuenta con una recepción parcial del año 2010, operando las oficinas interiores y contenedores instalados en el lugar de manera completamente irregular y sin los permisos legales al día.
Lapidario informe de seguridad laboral y «doble estándar»
A la precariedad urbanística del recinto se sumaron los lapidarios resultados de una inspección realizada por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), organismo que calificó las instalaciones con categoría de «No Cumple» en materia de seguridad y salud ocupacional. En el diagnóstico se constató la presencia de humedad y moho, la carencia de extintores operativos y la exposición directa de los trabajadores a ruidos molestos y humos metálicos sin el aislamiento ni los resguardos normativos exigidos.
Ante este panorama, el concejal Almonacid cuestionó duramente las contradicciones en la gestión edilicia:
«Hay un indignante doble estándar en la gestión municipal: mientras a los vecinos de Puerto Montt se les exige hasta el último trámite bajo amenaza de multas o demoliciones, el Director de Operaciones engañó al Concejo para arrendar con dinero de todos los puertomontinos una propiedad que está al margen de la ley y que cuesta millones mensualmente», aseveró el representante comunal.
Acciones legales y requerimiento a Contraloría
Derivado de la gravedad de los antecedentes recopilados, el edil formalizó una serie de peticiones de máxima severidad administrativa y judicial:
- Sumario Administrativo: Solicitud de instrucción inmediata de un sumario en contra del director de Operaciones, Ignacio Ávila Momberg, y de todos los funcionarios que resulten responsables de la tramitación y validación del contrato.
- Acción Penal: Requerimiento formal a la Unidad Penal Municipal para evaluar la presentación de querellas ante el Ministerio Público, apuntando a delitos como falsificación de documento público o falsedad ideológica por el presunto engaño al cuerpo colegiado.
- Fiscalización Externa: Solicitud de intervención formal de la Contraloría General de la República para fiscalizar la legalidad del trato directo y el uso de recursos públicos en un recinto inhabilitado normativamente.
