Pese a estudios del MIT y la UC que demuestran que el programa reduce en un 30% la participación de menores en delitos y ahorra recursos al Estado, los trabajadores de la Asistencia Judicial advierten que la falta de fondos pone en riesgo la defensa de los niños más vulnerables.
Un programa con resultados, pero sin fondos
La Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (AFUNCAJ) manifestó su profunda preocupación ante la falta de incremento presupuestario para este 2026. El foco de la crítica está en el programa “Mi Abogado”, el cual entrega defensa jurídica especializada e independiente a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos.
Según denunció el abogado y dirigente Enrique Águila, las autoridades del Ministerio de Justicia conocían desde agosto pasado los beneficios del programa, pero no se consideraron aumentos en ítems críticos como el Subtítulo 21 (remuneraciones y personal). Esto impedirá financiar reemplazos o concursos para vacantes, generando una inminente sobrecarga laboral.
El respaldo de la ciencia y la economía
El gremio aludió a un estudio publicado en la revista The Economic Review, elaborado por académicos de la University of Chicago, el MIT y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los datos son reveladores respecto al impacto del programa:
- Prevención del delito: Reduce hasta en un 30% la participación de menores vulnerados en procesos penales.
- Escolaridad: Mejora significativamente los índices de asistencia a clases.
- Eficiencia fiscal: Por cada dólar que el Estado invierte en «Mi Abogado», se ahorran 4 dólares en gastos derivados de la falta de prevención.
El riesgo de la «mochila» laboral
Para los funcionarios, resulta un contrasentido que, existiendo evidencia de que el programa reduce el tiempo de los niños en residencias de protección, se le asfixie financieramente. «La falta de financiamiento afectará directamente la calidad de la defensa de los NNA más vulnerables y terminará pasándole la cuenta al propio Estado», cerró Águila.
El gremio advirtió que la continuidad y eficacia de esta política pública, que opera desde 2017, está hoy bajo amenaza debido a la rigidez presupuestaria de este año.
