Un categórico y transversal rechazo manifestó la Comisión de Hacienda del Consejo Regional (CORE) de Los Lagos, acompañada por parlamentarios de la zona, frente al anuncio de un recorte presupuestario del 7,1% para los gobiernos regionales de cara al erario fiscal 2027.
La alerta se dio en el marco de una amplia reunión de trabajo que congregó a consejeros regionales de diversas bancadas junto a diputados y representantes senatoriales, encuentro donde se analizó con profunda preocupación el impacto que tendrá esta contracción en la capacidad de inversión, el desarrollo de las 30 comunas y las delicadas cifras de empleo e informalidad que golpean al sur del país.
Un golpe a la descentralización y autonomía
La presidenta de la Comisión de Hacienda del CORE, Yasna Vásquez, cuestionó duramente la medida impulsada desde el nivel central, advirtiendo que la rebaja atenta directamente contra los avances en materia de descentralización:
«No estamos de acuerdo con esta rebaja porque afecta la descentralización de la región, afecta la autonomía y, además, fundamentalmente, porque el presupuesto de los gobiernos regionales a nivel nacional representa apenas un 1,8%. Quitarle un porcentaje tan alto a este Gobierno Regional impacta directamente en las comunas, en la inversión y en el empleo de 2027».
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Descentralización, consejera Patricia Gallardo, calificó la medida como un proceso de «recentralización», detallando que la región arrastra compromisos financieros por más de 100 mil millones de pesos, lo que dejaría márgenes sumamente limitados para nuevas iniciativas: «¿Quién más que el Gobierno Regional pudiese manejar un presupuesto que sabe cómo funcionan las 30 comunas y lo que necesitan los ciudadanos?», aseveró.
Alarma por el empleo y zonas extremas
Desde la perspectiva económica y laboral, el consejero Francisco Reyes advirtió que la reducción presupuestaria llega en un momento sumamente inoportuno, con una desocupación regional que bordea el 7,7% y una tasa de informalidad que asciende al 27%: «Hoy día el empleo está en riesgo, y precisamente lo público y el presupuesto regional pueden dar cobertura a un empleo que está hoy día precarizado».
A su vez, el consejero por la Provincia de Palena, Félix Vargas, recalcó el daño diferenciado que la medida provoca en los territorios geográficamente aislados: «Cada recorte genera un impacto brutal a la zona extrema. Menos plata al Gobierno Regional significa menos recursos para las cuatro comunas de la provincia: Chaitén, Futaleufú, Palena y Hualaihué».
La visión fue complementada por la consejera Marión Fernández, quien apuntó a la urgencia de cruzar la discusión financiera con indicadores sociales, poniendo el foco en la vulnerabilidad laboral femenina y las brechas de género en la región. En tanto, el consejero Luis Becerra recordó que los proyectos ejecutados mediante el GORE cumplen un rol dinamizador indispensable en las economías locales.
Parlamentarios comprometen defensa unitaria
Frente al escenario expuesto, los parlamentarios presentes —entre ellos los diputados Emilia Nuyado y Héctor Barría, además de representantes de las bancadas senatoriales y de la Cámara Baja— comprometieron un trabajo de coordinación estrecha para revertir la propuesta de la administración central.
La diputada Emilia Nuyado destacó la alta ejecución financiera exhibida por el Gobierno Regional, la cual supera el 98,8%: «Eso significa que ha habido una gran gestión y, por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que defender esta gestión y apoyar que no se realicen recortes».
Por su parte, el diputado Héctor Barría llamó a dejar de lado diferencias políticas y «colocarse la camiseta de la región»: «Esto es grave. Significa menos inversión regional, menos fondos para las organizaciones sociales, pero también menos empleo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar en conjunto y que esto se revierta».
Las autoridades concluyeron la jornada acordando mantener una hoja de ruta común entre el Consejo Regional, los municipios, los parlamentarios y las organizaciones sociales, exigiendo al Ejecutivo reconsiderar una asignación que —según advirtieron— amenaza con frenar el desarrollo socioeconómico de la Región de Los Lagos.
