El imputado, de 49 años, vulneró una medida cautelar de alejamiento vigente para atacar a la víctima en su domicilio. La Fiscalía de Maullín logró su captura tras una rápida investigación que incluyó peritajes fotográficos y declaraciones de testigos.
Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó un hombre de 49 años, imputado por los delitos de violación de morada, desacato, amenazas y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. El sujeto fue formalizado tras protagonizar un violento ataque contra su expareja en la localidad de Carelmapu, pese a tener una prohibición judicial de acercarse a ella.
Relato de la agresión
Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado 1 de mayo. Según los antecedentes de la investigación, el individuo ingresó a la vivienda de la mujer contra su voluntad, donde procedió a amenazarla con amarrarla y asfixiarla.
Posteriormente, el agresor inició un ataque físico reiterado dirigido a la cabeza de la víctima, el cual resultó en una fractura nasal de carácter grave, confirmada posteriormente por los exámenes clínicos realizados en un centro asistencial.
Desacato y reincidencia
El caso reviste especial gravedad debido al historial del imputado:
- Medidas vigentes: El sujeto mantenía un proceso pendiente en el Juzgado de Garantía de Maullín, tribunal que le había impuesto la prohibición de acercamiento tras episodios previos.
- Condenas anteriores: El individuo ya registraba antecedentes penales por hechos de violencia anteriores.
Investigación y captura
Tras la agresión, la mujer alertó a la Tenencia de Carabineros de Carelmapu. Si bien el sujeto logró huir inicialmente, la Fiscalía Local de Maullín, liderada por el fiscal Patricio Llanquaman, coordinó un despliegue inmediato que incluyó entrevistas a familiares, fijación fotográfica del sitio del suceso y recopilación de antecedentes médicos.
Con las pruebas recabadas, se gestionó una orden de detención que se materializó la tarde del sábado 2 de mayo. Durante la audiencia, el tribunal determinó que la libertad del agresor representa un peligro evidente para la seguridad de la víctima y de la sociedad.
Se estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, periodo en el cual el imputado permanecerá recluido en el recinto penitenciario de Puerto Montt.
