Por Rodrigo Díaz
Seremi de Gobierno de la Región de Los Lagos
La educación es, por esencia, mucho más que la mera transmisión de contenidos académicos en un aula. Es el espacio fundamental donde nuestros niños, niñas y jóvenes descubren sus talentos, construyen sus primeras redes de amistad, abrazan valores ciudadanos y comienzan a proyectar su futuro. Es, en definitiva, el motor de la movilidad social y el corazón de nuestras comunidades.
Por esta razón, cuando la violencia irrumpe en los establecimientos educacionales, el impacto es devastador. En esos momentos no solo se daña la infraestructura material de una escuela o un liceo; se vulnera directamente el derecho humano y constitucional de miles de estudiantes a desarrollarse en un ambiente seguro, sano y propicio para el aprendizaje.
Una respuesta concreta a una realidad compleja
Durante los últimos años, el país ha sido testigo de situaciones complejas que bajo ninguna circunstancia podemos normalizar ni asimilar como parte de la rutina escolar:
- Agresiones y amenazas directas.
- Destrucción de bienes públicos.
- Hechos delictivos que siembran el temor en estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias.
Frente a esta cruda realidad, el despacho a ley del proyecto Escuelas Protegidas por parte del Congreso representa una señal político-institucional categórica: como Estado y como sociedad, estamos decididos a recuperar el valor de la educación como un espacio de respeto irrestricto, sana convivencia y formación integral.
Esta iniciativa legal no debe entenderse como una discusión técnico-legislativa abstracta. Por el contrario, constituye una respuesta concreta y urgente a una demanda que las familias chilenas han manifestado con fuerza durante años: la certeza de que sus hijos e hijas estudien en entornos protegidos.
La confianza de las familias es un valor sagrado
Las familias son el núcleo de nuestra sociedad. Cada mañana, miles de madres, padres, abuelas, abuelos y cuidadores depositan su bien más preciado y su confianza en las puertas de escuelas y liceos, con la legítima expectativa de que regresen a sus hogares sanos y enriquecidos tras una jornada de crecimiento.
Esa confianza no puede ser defraudada; es un valor sagrado que debe ser resguardado con rigurosidad por el Estado, los sostenedores, las comunidades educativas y la sociedad en su conjunto.
La aprobación de «Escuelas Protegidas» es una gran noticia para el país porque sitúa el bienestar del estudiante en el centro de la política pública. Nos permite recordar una premisa fundamental: la seguridad no es un obstáculo para el proceso educativo, sino una condición indispensable y habilitante para que este se desarrolle en plenitud. Simplemente, no puede haber un aprendizaje efectivo ni significativo allí donde imperan el miedo, la incertidumbre o la violencia.
Un compromiso con el Chile de mañana
Como Gobierno, reafirmamos nuestra convicción de que la infancia y la juventud deben ser la prioridad absoluta de la gestión pública. Proteger los espacios de formación es, al mismo tiempo, blindar las oportunidades de desarrollo del Chile de mañana.
Sin embargo, este esfuerzo requiere de la concurrencia de todos los actores: demanda el ejercicio legítimo de la autoridad, el respeto irrestricto por las normas de convivencia y un compromiso ético de las comunidades con el bienestar común.
Hoy tenemos la oportunidad histórica de consolidar un paso decisivo para fortalecer nuestras escuelas y devolverles la paz que merecen. Porque una escuela protegida se traduce, de manera directa, en una familia más tranquila, una comunidad más cohesionada y un país que apuesta decididamente por el porvenir de sus nuevas generaciones
