Nuevos y alarmantes antecedentes han salido a la luz respecto a la denuncia por hechos de connotación sexual al interior del Colegio Los Alerces. Según testimonios de la comunidad escolar recabados bajo estricta reserva por Diario Digital Los Lagos, el acusado correspondería a un funcionario del primer ciclo básico (que comprende a estudiantes de 1° a 4° básico) y la institución habría tardado días en reaccionar, exponiendo a los menores.
De acuerdo a los datos obtenidos, el establecimiento habría tomado conocimiento de la situación el pasado miércoles de la semana anterior, luego de que la familia afectada activara las alertas. Sin embargo, la directiva del Centro General de Padres recién emitió un comunicado el día sábado, manteniendo a la comunidad escolar en el desconocimiento de la gravedad de los hechos durante varios días.
Cuestionamientos a la infraestructura y seguridad
La denuncia de los apoderados apunta directamente a las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos los niños y niñas del primer ciclo, quienes acuden solos a los servicios higiénicos.
»Hicieron una dependencia de trabajo justo al medio de los dos baños de los niños pequeños», acusó un miembro de la comunidad, señalando que la disposición del espacio físico facilitó el escenario para que ocurriera el presunto abuso.
A esto se suma la indignación de las familias, quienes aseguran que el involucrado siguió trabajando de manera normal junto a los estudiantes durante los días posteriores a la denuncia, sin que se aplicaran medidas de separación inmediata del cargo.
Intervención de Carabineros y descontento con el DAEM
La tensión máxima se vivió durante la jornada de este lunes, cuando un grupo de apoderados llegó al plantel exigiendo respuestas transparentes. Ante la inicial negativa del establecimiento para recibirlos, se requirió la presencia de Carabineros en el lugar para normalizar la situación.
Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con representantes del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). No obstante, las respuestas de las autoridades educativas lejos de calmar los ánimos, encendieron las alarmas:
- Falta de certezas: Según los asistentes, el DAEM no dio respuestas claras sobre si el funcionario fue efectivamente desvinculado o apartado del colegio, argumentando que se trataba de un «supuesto» hecho y que «no sabían» con certeza de quién se trataba.
- Acusación de negligencia: Los apoderados acusan de manera directa al colegio y a las autoridades de entregar «calmantes» para contener la crisis en lugar de aplicar soluciones reales, incumpliendo gravemente con el deber de protección y resguardo de la integridad física y psicológica de los menores.
