La iniciativa legal busca frenar el uso político y comunicacional de esta herramienta fiscalizadora, subiendo el piso desde los actuales 10 patrocinio a un tercio de la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario por la Región de Los Lagos sumó la propuesta tras su experiencia en la comisión revisora del líbelo contra el exministro Nicolás Grau.
Un profundo cambio en las reglas del juego legislativo y en el uso de las facultades fiscalizadoras más extremas del Congreso Nacional es el que busca materializar una nueva propuesta de ley. El diputado por el Distrito 26, Alejandro Bernales (Partido Liberal), oficializó su respaldo y se sumó formalmente a la presentación de una reforma constitucional destinada a elevar de manera drástica los requisitos formales necesarios para activar una Acusación Constitucional (AC) en el Parlamento.
La iniciativa legal apunta al corazón del reglamento de la Cámara Baja. Actualmente, basta el patrocinio de 10 diputados para dar curso e iniciar la tramitación de un juicio político contra una autoridad del Estado. La reforma busca elevar ese umbral de firmas a un tercio de los miembros en ejercicio de la corporación, lo que en la práctica significará que cualquier bancada o sector que intente levantar un líbelo acusatorio deberá reunir, obligatoriamente, un respaldo base de más de 50 parlamentarios.
Lecciones de la comisión revisora contra el exministro Grau
Los autores de la reforma aclararon que el proyecto no modifica en absoluto los quórums de votación exigidos posteriormente en la Sala de la Cámara o en el Senado para aprobar o rechazar la destitución de una autoridad; el cambio se concentra exclusivamente en la barrera de entrada para evitar la proliferación de acusaciones sin sustento jurídico real.
La propuesta contempla, además, amarrar exigencias directas para los legisladores que patrocinen la acción, obligándolos a tener una participación efectiva en las comisiones revisoras y a conocer de primera mano y de forma fidedigna los antecedentes y argumentos presentados por las partes involucradas.
El diputado Alejandro Bernales, quien representa a las comunas de la provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, explicó que la decisión de impulsar este cambio normativo maduró tras su rol activo como integrante de la comisión encargada de analizar la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. Para el legislador liberal, la experiencia en dicha instancia evidenció la urgencia de perfeccionar el mecanismo:
»Las acusaciones constitucionales son una de las facultades fiscalizadoras más importantes que tiene el Congreso. Precisamente por esa relevancia debemos resguardar su legitimidad y evitar que se transformen en instrumentos de utilización política o comunicacional. Si se busca destituir a una autoridad de la República, lo mínimo exigible es que quienes promueven esa acción participen activamente del proceso y conozcan en profundidad los antecedentes», sostuvo firmemente el parlamentario de Los Lagos.
Devolver el carácter excepcional a la fiscalización
El parlamentario del Distrito 26 enfatizó que el abuso reiterado de esta herramienta de última ratio termina por desgastar la agenda legislativa y deteriorar la percepción que la opinión pública tiene sobre el rol de fiscalización del Congreso Nacional, distrayendo recursos y tiempo de debates urgentes para la ciudadanía.
»Cuando este mecanismo se utiliza sin la debida rigurosidad, no solo se afecta a la autoridad acusada, sino también a la imagen del Congreso y a la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Queremos elevar los estándares y devolverle a esta herramienta el carácter excepcional y responsable que debe tener», concluyó Bernales, confiando en que la reforma logrará concitar un apoyo transversal entre las distintas bancadas en Valparaíso para fortalecer la estabilidad institucional del país.
